El Estado es el contratante más grande del país y también el más exigente. Después de años acompañando a empresas constructoras y proveedoras, la lección más importante que puedo transmitir es simple: en contrataciones públicas, la forma es fondo.
Un documento presentado fuera de plazo, una garantía mal emitida o una observación no respondida a tiempo pueden descalificar la mejor propuesta técnica del proceso. Y después de la adjudicación, la ejecución del contrato administrativo tiene reglas propias que no admiten la informalidad que se tolera entre privados.
Antes de ofertar: revisión integral del DBC
El Documento Base de Contratación no es un formulario: es el génesis del futuro contrato. Revisarlo con criterio legal antes de decidir presentar la oferta permite detectar riesgos, condiciones ambiguas, multas desproporcionadas, plazos inviables, condiciones de pago inciertas, causales de resolución — y decidir con información si conviene participar y a qué precio.
Muchas empresas hacen el análisis técnico y dejan el análisis legal para después de ganar, debiendo ser realizado previamente a la decisión de presentarse a una licitación.
Durante la ejecución: la administración contractual
Firmado el contrato, la administración contractual es de vital importancia y consiste en el seguimiento técnico, legal y financiero que acompaña la ejecución desde la orden de proceder hasta la recepción definitiva. Ahí se decide si todo lo ganado en la licitación se sostiene o se pierde por el camino.
Ampliaciones de plazo, órdenes de cambio, causales de fuerza mayor, aplicación de multas o una eventual resolución de contrato: nada de esto se resuelve de palabra. Cada uno de estos actos necesita quedar respaldado con documentos, con la formalidad que exige la normativa — documentos que después sostienen un reclamo, un recurso o una demanda.
Por eso insisto a mis clientes en que la administración contractual no puede quedar solo en manos del residente de obra o del encargado técnico. Debe involucrar, de forma coordinada, al fiscal o supervisor designado por la entidad, a la unidad jurídica y administrativa correspondiente, y —del lado del contratista— al mismo equipo técnico-legal-financiero que trabajó el DBC antes de ofertar. Cuando esa triangulación funciona desde el primer día, la informalidad no tiene dónde entrar.
Solución de controversias
Contratar con el Estado significa aceptar, de entrada, que el camino para reclamar es distinto al que existe entre privados. Conocerlo de antemano —y no cuando ya surgió el problema— es lo que permite reaccionar a tiempo.
Durante la licitación, la herramienta es el Recurso Administrativo de Impugnación previsto en las NB-SABS: en procesos por montos superiores a Bs200.000 permite impugnar, ante la propia entidad, resoluciones como la de adjudicación o la de declaratoria desierta cuando lesionan un interés legítimo. Es un recurso con plazos cortos y perentorios, así que la decisión de impugnar —y el respaldo técnico y legal para hacerlo— tiene que estar lista antes de que el reloj empiece a correr, no cuando ya casi se vence.
Durante la ejecución de obras, cada vez veo más interés en los dispute boards o juntas de resolución de disputas: paneles de expertos que acompañan el proyecto desde su inicio y resuelven los desacuerdos técnicos casi en tiempo real, antes de que escalen. En Bolivia todavía no son un mecanismo que la normativa de contrataciones imponga por defecto.
Y aquí va la advertencia que más sorprende a mis clientes: un conflicto legal en un contrato administrativo, por regla general, no se resuelve por medio de un arbitraje, salvo algunas excepciones. Entonces, si la entidad no paga una planilla o incumple sus obligaciones, o si de tu lado se te resuelve el contrato sin sustento, la vía legal es la jurisdicción contenciosa y contencioso-administrativa. Saber esto desde el inicio evita perder tiempo valioso reclamando en un estrado que no tiene competencia para resolver el fondo.
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